Informe detective privado: cómo se valora en los tribunales
En el ámbito jurídico y empresarial, la figura del detective privado se ha consolidado como una herramienta clave para obtener pruebas válidas y fiables. Pero ¿cómo se trata realmente un informe de detective privado en los tribunales? ¿Qué valor tienen las pruebas del investigador dentro de un procedimiento judicial?
En Privalia Detectives, con sede en Asturias (Avilés, Gijón y Oviedo) y Mallorca, analizamos el tratamiento procesal de este informe y su importancia en el ámbito laboral.
El detective privado como testigo clave
Cuando una empresa recurre a un detective privado, lo hace para acreditar hechos relevantes que justifiquen una medida disciplinaria o un despido.
La carga de la prueba recae sobre el empresario, y el informe del detective en un juicio puede resultar decisivo para demostrar conductas contrarias a las obligaciones laborales.
Aunque la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) no menciona expresamente este tipo de informes, los tribunales han reconocido de forma reiterada su validez como medio de prueba testifical.
El marco legal de los informes del detective
La Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) sí hace referencia expresa al informe del detective privado. Según su artículo 265.1.5º, los informes elaborados por detectives habilitados legalmente constituyen una prueba testifical, y el artículo 380 exige que el investigador ratifique su contenido en sede judicial.
En consecuencia, el informe del detective por sí solo no es una prueba documental, sino una fuente de prueba. La verdadera prueba se produce cuando el detective comparece ante el juez, acredita su habilitación profesional y confirma su informe de viva voz.
¿Qué debe incluir un informe de investigación?
Para garantizar su validez, el informe del detective debe contener información detallada y verificable:
- Número de registro del servicio.
- Datos del cliente que encarga la investigación.
- Objeto y alcance de la contratación.
- Medios utilizados y resultados obtenidos.
- Identificación de los detectives intervinientes.
Estos requisitos aseguran la transparencia y trazabilidad de la actuación, reforzando su fiabilidad ante los tribunales.
Límites: respeto a los derechos fundamentales
El valor probatorio de una investigación depende también del respeto a los derechos fundamentales del investigado, como la intimidad, la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones y la protección de datos personales.
Las pruebas obtenidas mediante vulneración de estos derechos son nulas, así como aquellas que se deriven de ellas, conforme a la doctrina del “fruto del árbol envenenado”. Por ello, toda investigación debe superar el juicio de proporcionalidad y estar justificada por sospechas previas razonables.
En Privalia Detectives Asturias y Mallorca, garantizamos siempre el cumplimiento estricto de la legalidad, aplicando criterios de proporcionalidad, necesidad y legitimidad en cada actuación.
Valoración judicial y sana crítica
Los jueces valoran los informes de los detectives conforme a las reglas de la sana crítica, es decir, atendiendo a la lógica, la experiencia y la coherencia del testimonio. Esto convierte a la prueba del detective en un medio de libre valoración judicial, lo que refuerza la importancia de la profesionalidad, precisión y objetividad del investigador.
Conclusión
La prueba del detective privado se ha consolidado como una herramienta jurídica eficaz en los procedimientos laborales, pero su fuerza probatoria depende de tres factores esenciales:
- La habilitación profesional del detective.
- La ratificación en juicio del informe.
- El respeto absoluto a los derechos fundamentales.
En Privalia Detectives, desde Asturias (Avilés, Gijón y Oviedo) y Mallorca, actuamos con la máxima rigurosidad técnica y ética profesional, aportando a nuestros clientes informes sólidos, objetivos y plenamente válidos ante los tribunales.